Grupo México actúa en todo momento bajo los principios de corresponsabilidad, inclusión, comunicación participativa, transparencia, empatía y congruencia. Por ello asumimos como principio fundamental, la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos de todas las personas en el desempeño de nuestras actividades, lo cual existe de manera independiente a las obligaciones de salvaguarda del Estado.

En particular y como se declara en nuestra Política General de Derechos Humanos, respetamos los derechos de los pueblos indígenas en apego a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, implementamos medidas culturalmente adecuadas y valoramos la diversidad como riqueza social.

Para el desarrollo de nuestros proyectos de descarbonización, en Grupo México colaboramos activamente con los gobiernos, cuando aplique y conforme al marco regulatorio aplicable de cada país, en materia de consulta previa, libre e informada (CPLI) de las comunidades indígenas afectadas y reconocemos que el CLPI es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, y que el Estado tiene la obligación principal de garantizarlo. En México, la autoridad competente realiza la CPLI, y nosotros mantenemos un diálogo constante con las comunidades mediante mecanismos de participación ciudadana. 

No obstante, y en aras de mantener un buen proceder y un relacionamiento responsable con las comunidades donde operamos, especialmente en aquellas con presencia indígena, nuestro compromiso se sustenta en los siguientes pilares:

1. Nuestro marco institucional cuenta con una Política de Derechos Humanos basada en estándares internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, y una política específica de Respeto a los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Además, hemos implementado un Protocolo de Relacionamiento con Pueblos Indígenas, desarrollado por un tercero experto. Este protocolo guía la gestión y el relacionamiento de nuestro personal con los pueblos indígenas que podrían ser impactados por nuestras operaciones y proyectos, e incorpora fases similares a las contempladas por la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI).
2. Nuestra Política General de Respeto a los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas fue elaborada con el acompañamiento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). En ella, reafirmamos nuestro compromiso de colaborar activamente con las autoridades, cuando aplique y conforme al marco legal de cada país, en procesos de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI).
3. Además, contamos con mecanismos permanentes de participación ciudadana que nos permiten mantener un canal de diálogo abierto y constante con las comunidades. Estos incluyen:
   1. Servicio de Atención Comunitaria
   2. Diagnósticos de consulta participativos
   3. Comunicación transparente sobre las etapas operativas 
   4. Comités comunitarios colaborativos ambientales
   5. Estudios de percepción
   6. Planes de desarrollo regionales
4. Todos nuestros proyectos energéticos incluyen Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) detalladas. Estas evaluaciones contienen secciones específicas dedicadas a la caracterización de las comunidades, lo que nos permite comprender a fondo su contexto social y cultural.
5. Durante las etapas de construcción y operación de nuestros proyectos, tanto en las unidades de México y Perú de la División Minera como en las de la División Infraestructura, llevamos a cabo diagnósticos sociales participativos. Estos diagnósticos se actualizan cada dos años y tienen como objetivo principal mitigar proactivamente los impactos negativos y potenciar los positivos. Están basados en la metodología de las Evaluaciones de Impacto Social promovidas por la Secretaría de Energía para el sector energético en México, y la Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental del Ministerio del Ambiente en Perú.

En Grupo México, nuestro compromiso se materializa a través de un diálogo constante y transparente, asegurando que las voces de las comunidades sean escuchadas y consideradas en el desarrollo de nuestros proyectos. Estamos dedicados a una transición energética justa y equitativa, en pleno respeto de los derechos humanos y culturales de todos los grupos involucrados.

Considerando que los pueblos y comunidades indígenas tienen características socioculturales particulares y que gozan de derechos específicos, el relacionamiento con ellas debe estar fundado en el respeto, la buena fe y la construcción de confianza mutua.

Por ello, a través del Modelo de Desarrollo Comunitario y con el fin de garantizar una relación armoniosa, sustentable y de corresponsabilidad con las comunidades indígenas vinculadas a los diversos proyectos, adoptamos el siguiente principio transversal (es decir, desde el inicio hasta el final de las actividades vinculadas a los proyectos): Actuar con pertinencia cultural, el cual implica reconocer, respetar y considerar en cada actividad, el contexto comunitario en todas sus dimensiones (social, cultural, ambiental, espiritual).

Los ejes de actuación para promover la pertinencia cultural contemplan:

1. Promover la interculturalidad
2. Conocer y respetar las características culturales de las comunidades y promover los derechos asociados
3. Promover prácticas incluyentes para evitar cualquier tipo de discriminación
4. Diseñar y difundir información clara y acorde a las particularidades culturales de la comunidad

Procurando que el diálogo se desarrolle de buena fe, en condiciones de igualdad y garantizando el acceso oportuno a la información, diseñamos y difundimos la información respecto de los proyectos con miras a garantizar su acceso, comprensión y significación para la participación de las comunidades indígenas vinculadas.

Por ello utilizamos diferentes herramientas de comunicación incluyendo las comunitarias, medios audiovisuales, material informativo didáctico por escrito, radio comunitaria, perifoneo, entre otras, para transmitir la información de manera oportuna, transparente, suficiente y entendible, asegurando que los materiales informativos estén disponibles en la variante lingüística de cada comunidad.

Nuestra principal herramienta de comunicación es el Servicio de Atención Comunitaria, el cual puede consultar a detalle en la sección de Contacto.

Consulta indígena:

• El derecho a la consulta indígena es un derecho de los pueblos y comunidades que el Estado debe garantizar mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean cambios legislativos o planes y proyectos de desarrollo que puedan afectarles directamente en sus derechos o intereses.
• Si bien el Estado es el responsable de implementar los procesos de consulta indígena, GM asume el compromiso de promover y coadyuvar con los gobiernos en la aplicación de los compromisos establecidos en el Convenio 169 para garantizar el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas susceptibles de ser impactadas por acciones relacionadas con cada proyecto.
• Aplica en los países que ratificaron el Convenio 169 de la OIT, para el caso de GM es México, Perú y España.

Importante: Actualmente en México el poder legislativo está trabajando para  expedir la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Por ello, la consulta indígena para todos los sectores productos está sustentada en el artículo 2o Constitucional, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Contamos con un Protocolo de Relacionamiento con Comunidades Indígenas diseñado para las divisiones de Minería e Infraestructura que se ajusta al Código de Ética.

En general, nuestro Protocolo implica:

1. Identificar a las comunidades indígenas y sus características.
2. Establecer el primer acercamiento comunitario.
3. Definir de manera conjunta con la comunidad los acuerdos en torno al futuro relacionamiento.
4. Diseñar de manera conjunta con la comunidad un mecanismo de atención de quejas.
5. Realizar evaluaciones de impacto social.
6. Colaborar en procesos de consulta indígena o implementar un mecanismo participativo basado en el intercambio de información.
7. Definir de manera conjunta con las comunidades los beneficios sociales.
8. Cumplir con los acuerdos y dar continuidad al relacionamiento comunitario.
9. Evaluar periódicamente nuestras acciones en relación con las comunidades.

Cabe señalar que una de las principales características del Protocolo es la de ser flexible, por lo que se adapta a cada contexto y los detalles de su funcionamiento se definen caso por caso y en cada una de las comunidades de manera independiente.